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Recientes modificaciones en la regulación de la disposición final de baterías

20/11/2026

Transcripción de la columna en Radio Carve de 18 de noviembre, 2026

Hoy vamos a abordar una normativa de especial relevancia para el sector de las baterías y la industria automotriz: el Decreto N.º 227/025, que estableció un nuevo marco regulatorio para la gestión de baterías usadas o fuera de uso en Uruguay. Para conocer en qué consisten estos cambios, quiénes están alcanzados por la normativa y cuáles son las consecuencias de no cumplir con sus disposiciones, recibimos hoy a la Dra. Valentina Viola, integrante del Departamento Contencioso y Consultoría Legal del Estudio Posadas.  

En primer lugar, ¿qué implica la reglamentación establecida por el Decreto N° 227 de 2025?

El Decreto N.º 227/025 establece un nuevo régimen para la gestión ambientalmente adecuada de las baterías usadas o que deban ser desechadas en Uruguay, estableciendo nuevas obligaciones para fabricantes, importadores y otros actores vinculados a la comercialización de baterías y vehículos que las incorporan.

La norma deroga y sustituye el régimen anterior, establecido por el Decreto N.º 373/003, que estaba fundamentalmente enfocado en las baterías de plomo-ácido.

La nueva reglamentación amplía el alcance de la regulación, incorporando distintas tecnologías de almacenamiento de energía, en consonancia con el desarrollo de la movilidad eléctrica y la utilización de nuevas clases de baterías.

En términos generales, comprende baterías de más de un kilovatio que puedan utilizarse en vehículos terrestres, marítimos o aéreos y maquinaria agrícola, independientemente de su sistema de propulsión.

El objetivo central es establecer un sistema que permita controlar todo el ciclo de gestión de estos residuos, desde su generación y recolección hasta su transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y destino final.

Se trata, por tanto, de una regulación que busca prevenir riesgos para el ambiente y la salud humana, promoviendo además la recuperación de materiales y la economía circular.

¿Quiénes son los sujetos obligados y qué obligaciones tienen?

El decreto establece distintas categorías de sujetos obligados.

En primer lugar,  los fabricantes e importadores de baterías, así como a quienes las armen o acondicionen para un segundo uso. También quedan comprendidos los importadores de vehículos y maquinaria que incorporen estas baterías. 

Estos sujetos tienen las obligaciones principales: deben contar con un plan maestro aprobado por el Ministerio de Ambiente, inscribirse en el registro correspondiente, implementar sistemas de etiquetado e información digital y coordinar con los distribuidores y puntos de venta la ejecución del plan.

En segundo lugar, están los distribuidores, comerciantes y puntos de venta o servicio, que deben informar a los consumidores sobre el manejo adecuado de las baterías, recibir las usadas sin costo ni obligación de compra de una nueva, llevar registros de recepción y entrega y utilizar los mecanismos digitales previstos por la normativa.

Por su parte, los comercios y talleres están obligados cuando distribuyen, venden, entregan, instalan o recambian baterías alcanzadas. Deben informar sobre el manejo y el retorno, mantener cartelera visible y actuar como receptores, directamente o mediante terceros, dentro de un plan maestro. 

Por último, los usuarios, consumidores y tenedores, incluido el dueño del auto, deben manipular las baterías de manera segura y, cuando decidan descartarlas, entregarlas exclusivamente a través de los canales autorizados. No pueden tirarlas con la basura domiciliaria, abandonarlas, enterrarlas ni quemarlas a cielo abierto. 

Mencionabas que una de las obligaciones principales tanto para fabricantes e importadores de baterías como de automotores o maquinarias que las incorporan es constar con un “Plan Maestro” ¿Qué es un plan maestro? 

Es el plan de gestión de los residuos, en estos casos, de baterías, que debe comprender todo el recorrido del residuo: recolección, traslado, almacenamiento y tratamiento, valorización o destino final. Puede ser individual o grupal, sin perjuicio de que actualmente solamente existen planes grupales, y en todos los casos debe encontrarse aprobados por el Ministerio de Ambiente. 

Los planes maestros deben prever cobertura nacional, trazabilidad y operadores habilitados. Asimismo, deben estar diseñados para cumplir las metas anuales de recuperación y valoración de residuos de baterías que determine el Ministerio de Ambiente. 

Por otra parte, los adherentes de dichos planes deben abonar aportes, que se calculan de acuerdo a la efectiva aplicación de medidas de economía circular, según dispone el Decreto. 

Otra de las obligaciones que mencionaste para los actores involucrados es el Registro ante el Minsiterio de Ambiente ¿En qué consiste?

El decreto crea una obligación de inscripción en un registro que estará a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente.

Como adelanté, deben inscribirse los fabricantes, importadores y usuarios o consumidores especiales de las baterías comprendidas en la normativa.

La finalidad de este registro es que la autoridad ambiental pueda identificar a los sujetos alcanzados, conocer las características de las baterías que se utilizan o comercializan y controlar cómo se gestionan una vez que se convierten en residuos.

La inscripción debe renovarse anualmente mediante la presentación de una declaración jurada que incluya información sobre la cantidad de baterías adquiridas y gestionadas, su composición y materiales, el uso al que fueron destinadas, su marca y su vida útil estimada. 

Para la inscripción en el Registro se exige contar o adherir a un plan maestro aprobado, o presentar una carta manifestando la intención de adherir a un plan que no se encuentre actualmente aprobado, y acreditar la personería y representación mediante certificado notarial electrónico en caso de ser una empresa. 

Por último, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con las obligaciones dispuestas en la normativa?

El decreto establece un régimen específico de infracciones y sanciones, que contempla la gravedad de los incumplimientos y sus posibles consecuencias ambientales.

En primer lugar, clasifica las infracciones en leves, graves, dentro de las que se encuentra la fabricación o importación de baterías sin contar con plan maestro, y muy graves.

Según la calificación de la infracción, la autoridad puede aplicar al infractor multas de hasta 60.000 UR en caso de infracciones graves; y hasta 100.000 UR por la comisión de infracciones muy graves. 

Es importante tener presente que las consecuencias del incumplimiento con lo dispuesto en la regulación no consisten únicamente en la posibilidad de que la autoridad aplique sanciones administrativas. 

El incumplimiento de registrarse ante el Ministerio de Ambiente como fabricante o importador de baterías, así como de adherir a un plan maestro aprobado, puede implicar el impedimento de continuar importando. 

En este sentido, el certificado de cumplimiento emitido luego de que la empresa se encuentra registrada y ha presentado la declaración jurada correspondiente, se transmite electrónicamente a Aduanas. La consecuencia práctica es importante: no estar debidamente registrado o no contar con el plan aprobado puede impedir importar baterías e incluso vehículos o maquinaria que las contengan.

También, cabe destacar, que este nuevo trámite de Registro ha sido implementado recientemente y el Ministerio comenzará a fiscalizar su cumplimiento.

Escuchá la columna completa aquí.

Autora:

Dra. Valentina Viola