Transcripción de la columna en Radio Carve de 05 de marzo, 2025
En el año 2005, cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el Gobierno, se introdujeron reformas en varios planos de la vida política, económica, social y cultural.
Entre las más destacadas seguramente el oyente recordará la Reforma Tributaria del año 2007, por la que se creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. También la Reforma del Sistema de Salud, en vigor desde el año 2008, por la que se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA.
Otra Reforma importante fue la de carácter Laboral. En el período 2005 a 2019 se aprobaron más de 100 leyes y decretos que crearon beneficios y derechos para los trabajadores privados y funcionarios públicos, así como libertades y facilidades para las organizaciones sindicales. La política legislativa y administrativa llevada adelante en dicho período dio lugar a lo que usualmente se denomina como “modelo laboral protector”.
El pasado 1 de marzo operó la transmisión de mando y asumió nuevamente el Frente Amplio. En el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como es conocido asumieron como Ministro el Sr. Juan Castillo y como Inspector General del Trabajo el Sr. Luis Puig, que se trata de notorios ex dirigentes sindicales, en tanto que la Subsecretaría de Estado es ocupada por el Dr. Hugo Barretto, ex Asesor jurídico del PIT-CNT y de varias organizaciones sindicales nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta el programa del Frente Amplio y el perfil de las autoridades señaladas, todo hace presagiar que nos enfrentamos a un nuevo escenario para las relaciones de trabajo en nuestro país.
Para conocer qué cambios y desafíos podría haber en este plano nos comunicamos con el Dr. Alejandro Castello del Departamento Laboral del Estudio Posadas, a quienes damos la bienvenida.
Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio Carve, para conversar sobre un tema que despierta expectativas y ansiedad para empresarios, trabajadores y partidos políticos.
- Antes de mirar hacia el futuro, en forma resumida, cómo puede describirse el modelo laboral que dejó el Gobierno de la Coalición.
Pese a los cuestionamientos que sostenidamente ha realizado la Central Sindical, en grandes líneas puede afirmarse que en materia de relaciones individuales de trabajo se mantuvo la orientación tuitiva o protectora que se instauró en el año 2005. Donde hubo cambios fue en materia de Relaciones Colectivas de Trabajo.
En el primer plano, siguieron funcionando los Consejos de Salarios, se conservaron todas las leyes laborales aprobadas en el período anterior y se sancionaron algunas nuevas, como la de teletrabajo, la que concede horas libres para concurrir a controles de embarazo, entre otras.
En el plano del Derecho sindical es donde se introdujeron cambios en el ordenamiento nacional.
En ese sentido, como el oyente recordará, en el año 2020 se aprobó la Ley de Urgente Consideración que estableció restricciones a las ocupaciones de lugares de trabajo y prohibición de los piquetes duros.
Luego, en el año 2023 una ley derogó la denominada ultraactividad de los convenios colectivos y otra norma legal creó un Registro de organizaciones sindicales, al cual se pueden inscribir libre y voluntariamente.
Vale la pena aclarar que las dos primeras modificaciones se hicieron para levantar observaciones que había realizado la Organización Internacional del Trabajo en el año 2010 y había reiterado en varias ocasiones posteriores.
2.- En grandes titulares, cuáles son las propuestas de modificación del ordenamiento laboral que ha anunciado el Gobierno.
Si bien ellas todavía no se dieron a conocer de forma articulada y detallada, las medidas que se han difundido hasta ahora son, entre otras, las siguientes:
- El más comentado en los medios es el objetivo de ir hacia una reducción de la semana laboral, probablemente para tratar de alcanzar 40 horas semanales de manera progresiva y sin disminución salarial.
- la revisión o derogación lisa y llana del Decreto 281/020 que reglamenta las ocupaciones de lugares de trabajo, con la intención de permitir que los sindicatos puedan usar este tipo de medida de fuerza. Esto parece que va a suceder a cortísimo plazo.
- El análisis y posible revisión de la ley de responsabilidad penal empresarial, porque la Central Sindical considera que sigue existiendo una tasa alta de accidentes de trabajo.
- La creación de un espacio de Diálogo social para la revisión de la Ley 20.130 sobre reforma jubilatoria, con la intención de disminuir la edad jubilatoria y realizar otros ajustes al sistema vigente.
- La reglamentación del Convenio 190 de OIT sobre prohibición de prácticas de acoso laboral, violencia en el trabajo y discriminación.
- La discusión sobre alguna forma de regulación de los despidos colectivos.
- La más polémica seguramente sea la iniciativa de ratificación del Convenio 158 de OIT sobre terminación de la relación de trabajo y la creación de un régimen de despido causado, es decir, basado en motivos autorizados por el legislador.
- Debe esperarse una intensificación de las inspecciones del MTSS.
3.- ¿Cuál podría ser posicionamiento de los tres actores sociales relevantes (Estado, sindicatos y empresas) en este nuevo escenario laboral?
En el caso del Gobierno damos por descontado que tendrá una postura mucho más cercana a las organizaciones sindicales y les dará participación e injerencia en muchos planos, no solo el laboral.
En cuanto a las organizaciones sindicales, es esperable que acompañen las propuestas del MTSS y presenten otras para continuar profundizando las conquistas laborales. Seguramente en la próxima Ronda de los Consejos de Salarios que comenzará en julio de este año, se presentarán plataformas extensas y variadas.
Respecto a las empresas y las cámaras empresariales, es evidente que van a tener que salir de cierta zona de confort que tuvieron estos 5 años pasados y van a navegar en un contexto menos amigable para ellas.
A nuestro juicio, la Administración que encabezó el ex Ministro Pablo Mieres fue equilibrada y trató de guardar equidistancia con los interlocutores sociales, lo que brindó al sector empresarial bastantes certezas en el plano económico y laboral.
A partir de ahora el sector empresarial probablemente se enfrentará al dilema de adoptar una postura opositora, lo que lo alejaría de la nueva Administración o de tratar de negociar y alcanzar acuerdos lo menos malo posible, lo que no será fácil.
4.- ¿Qué dificultades u obstáculos puede encontrar el Gobierno para llevar adelante las propuestas y medidas laborales que has señalado hace unos minutos?
Primero, un contexto económico internacional adverso y volátil. Las medidas proteccionistas del Gobierno de Estados Unidos que estamos viendo estos días y los obstáculos para el acceso a los mercados internacionales van a generar dificultades al sector exportador uruguayo, como hemos visto en las últimas semanas.
Segundo, el crecimiento del PBI ha sido moderado, de mantenerse en ese nivel eso limitará las posibilidades reales de atender reivindicaciones económicas sindicales. Si la torta no crece, es más difícil repartir.
Tercero, nuestro país convive con un problema congénito de competitividad de precios comparados a nivel regional y mundial, por lo que las empresas tienen margen reducido de afrontar nuevos costos laborales que sean significativos.
Cuarto, a nivel del sector público probablemente las restricciones sean aun mayores, porque el déficit fiscal es importante. Si se pretenden mantener las variables macroeconómicas dentro de términos razonables, no hay espacio para grandes aventuras.
Quinto, existen limitaciones políticas. El Gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que deberá negociar con la oposición o parte de ella para aprobar leyes laborales.
Sexto, hay limitaciones jurídicas.
Por ejemplo, si el Gobierno quiere revisar las leyes que regulan las ocupaciones, los piquetes y la ultraactividad de los convenios colectivos, deberá tener presente que fueron normas que contaron con la conformidad de la OIT.
Si realizan modificaciones sin contar con el acuerdo con las cámaras empresariales, puede generarse una nueva queja y observación de los órganos de contralor de la OIT.
Por último, hay que tener en cuenta que el Derecho laboral es como un reloj: cualquier desajuste o cambio en una pieza puede hacer que la maquinaria deje de funcionar o lo haga incorrectamente.
El ordenamiento actual combina una amplia libertad de los empleadores para despedir, con una amplia libertad de los sindicatos para funcionar y hacer huelga.
Si se modifica sustantivamente alguna de estas dos variables, ello puede repercutir negativamente en el mercado de trabajo.
5.- Para terminar, es un hecho notorio que en los últimos años ha descendido la conflictividad laboral ¿cómo puede evolucionar esa variable en el corto plazo?
Todo indica que vamos a tener un año con importante conflictividad sindical.
El 30 de junio vencen aproximadamente 200 laudos o convenios sectoriales y se convocará a una nueva ronda de Consejo de Salarios. Los sindicatos ya han anunciado que plantearán amplias plataformas reivindicativas, que incluirán incrementos salariales significativos y otros beneficios.
A su vez, a nivel público este año se debe aprobar la Ley de Presupuesto. Cuando ello ocurre siempre la conflictividad en el Estado es alta.
Por ello, seguramente en el segundo semestre del año la tasa de conflictividad va a incrementarse sustantivamente.Ello representa un desafío para el Gobierno, porque tendrá que tratar de contemplar las aspiraciones de los sindicatos, pero sin dejar de lado las posibilidades reales del Estado y las empresas.
Escuchá la columna completa aquí.
Autor
